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Medida que busca corregir los abusos

 

Medida que busca corregir los abusosNo es aceptable que persistan bases de datos ilegales con información histórica y que se exigiera Dicom para acceder a servicios básicos, como salud.


El perdonazo que borró a más de dos millones de registros se ha efectuado como una señal de mínima compensación frente a los abusos que han enfrentado los consumidores.


Seamos claros: esta medida no  resuelve el nivel de morosidad del país ni modifica las conductas crediticias de las personas.

 

LA APROBACION de la llamada Ley Dicom ha sido materia de controversia y debate particularmente por el sector del retail financiero. Se aduce a esta normativa un mayor riesgo en el sistema, se intenta justificar las elevadas tasas de interés que se aplican en el mercado, especialmente en los pequeños créditos, y se la responsabiliza de los nuevos morosos que han ingresado al sistema.

No parece razonable que la información de un consumidor tenga menos protección que la de aquellas personas que han sido condenadas por delitos. No es aceptable que persistan las bases de datos ilegales que contienen información histórica que debía ser borrada y tampoco era aceptable que se exigiera Dicom para acceder a servicios básicos como salud.

En este contexto de abusos es que surge la nueva legislación que estableció tres cosas fundamentales. Precisó el principio de la finalidad de los datos, es decir, que se utilice la información de los consumidores sólo para los fines que se solicitó y con principios claros de seguridad, no discriminación y respeto a los derechos de los consumidores.

Cada vez que un consumidor contrae una deuda, la cancela o hace uso del dinero plástico está entregando información comercial personal. Esta información es obtenida exclusivamente para los fines comerciales de esa operación y no es aceptable que las empresas la utilicen para acosar a los clientes, ofrecer productos que no han requerido, llenarlos de llamados y publicidad que nunca han solicitado. A su vez, la ley otorgó el derecho a los ciudadanos a solicitar en forma gratuita a las empresas de información comercial la información personal que poseen en sus bancos de datos. Por último, la iniciativa incorporó un derecho básico para las personas, prohibiendo a las instituciones de salud consultar la información comercial para acceder a un servicio que es esencial.

Estas son las materias clave de la nueva Ley Dicom que dan cuenta de los abusos que persistían en el mercado y que los operadores de información y algunas empresas del sector financiero y comercial no resolvieron. Efectivamente, se incorporó un nuevo perdonazo que borró más de dos millones de registros. Esto se ha efectuado como una señal de mínima compensación frente a los abusos que han enfrentado los consumidores en el manejo de la información comercial.

Seamos claros: esta medida no resuelve el nivel de morosidad del país, ni modifica las conductas crediticias de las personas. El crédito en Chile se ha transformado en un complemento de los ingresos de las familias más modestas. El 70% de los créditos se utiliza para adquirir alimentos, remedios o educación. Nadie podría afirmar que con la eliminación de la información se acabarían los morosos, ni que son los mismos morosos favorecidos con el “perdonazo” los que volvieron a caer en mora.

Si queremos evitar legislaciones que respondan a la coyuntura de la industria, tenemos que avanzar hacia una nueva institucionalidad en materia de derechos de los consumidores y, en particular, en información comercial que se canalice a través de  un organismo público que garantice los estándares internacionales como la Ocde.

 

 

 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2013/04/895-517513-9-medida-que-busca-corregir-los-abusos.shtml

 
 

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